La inteligencia artificial avanza cada vez más en el sector salud. Hoy existen herramientas capaces de apoyar diagnósticos, analizar imágenes médicas, gestionar información clínica e incluso asistir procesos de atención. Sin embargo, su creciente uso también ha abierto debates sobre la seguridad del paciente, la protección de datos y la responsabilidad frente a las decisiones clínicas.
Con ese panorama, en el Congreso de la República fue radicado el Proyecto de Ley 216 de 2026, una iniciativa que busca regular el uso de la inteligencia artificial en el sector salud colombiano, definiendo responsabilidades, mecanismos de supervisión y medidas de control para las tecnologías que intervienen en la atención de los pacientes. Entre sus aspectos más relevantes, el proyecto reafirma que la IA debe desempeñar un papel de apoyo y no reemplazar el criterio clínico, al señalar que «el profesional de salud conservaría la facultad y el deber de aceptar, controvertir o apartarse de las recomendaciones algorítmicas por razones clínicas, científicas, éticas, bioéticas o contextuales»
La IA como apoyo, no como reemplazo del talento humano
Uno de los mensajes más relevantes es que la inteligencia artificial no sustituiría el criterio profesional del talento humano en salud.
De acuerdo con la propuesta, las herramientas de IA tendrían una función de apoyo en la toma de decisiones, mientras que la responsabilidad clínica seguiría estando en manos del profesional tratante, quien conservaría la capacidad de aceptar, modificar o descartar las recomendaciones generadas por estos sistemas. En otras palabras, la tecnología podría convertirse en un aliado para agilizar análisis, optimizar procesos o facilitar la interpretación de información, pero las decisiones sobre el paciente continuarían requiriendo evaluación y supervisión humana.
Sistemas más riesgosos, mayores exigencias
El proyecto plantea clasificar las aplicaciones de inteligencia artificial en cuatro niveles de riesgo: mínimo, limitado, alto y crítico. Esta categorización permitiría establecer obligaciones proporcionales según el impacto que una herramienta pueda tener sobre la salud o la seguridad de las personas.
Por ejemplo, los sistemas utilizados en actividades administrativas tendrían requisitos menos estrictos, mientras que aquellos que apoyen diagnósticos, prescripciones, tratamientos o decisiones clínicas estarían sujetos a procesos de validación, monitoreo y supervisión mucho más rigurosos. Así mismo los sistemas en la categoría de riesgo alto y crítico tendrán que acompañarse de planes de gestión de riesgos, evaluación de sesgos y gestión de incidentes, entre otros para garantizar un funcionamiento controlado.
La supervisión humana sería obligatoria
La iniciativa también propone restricciones frente a las decisiones completamente automatizadas.
Entre las medidas contempladas se encuentra la obligación de que exista supervisión humana en procesos clínicos y la posibilidad de que los pacientes soliciten una revisión por parte de un profesional cuando una decisión automatizada tenga efectos sobre su atención.
Asimismo, se plantea que los robots clínicos no puedan realizar procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos de forma autónoma sin la vigilancia directa y continua de un médico especialista.
Más controles para proteger la información de los pacientes
Otro de los aspectos centrales de la propuesta está relacionado con la protección de los datos clínicos.
El proyecto incluye disposiciones sobre gobernanza de datos, interoperabilidad y trazabilidad de la información, así como medidas para prevenir usos indebidos de datos sensibles. También establece que los contenidos generados mediante inteligencia artificial, como informes o documentos clínicos, deberán ser revisados por personas antes de su utilización.
De igual forma, contempla mecanismos para identificar contenidos sintéticos y prevenir falsificaciones o manipulaciones de imágenes y documentos médicos mediante tecnologías generativas.
¿Quién responde por el funcionamiento de la IA?
El Proyecto propone diferenciar a quién aplica la responsabilidad sobre el funcionamiento de la Inteligencia Artificial teniendo en cuenta las competencias de las partes involucradas. Así, propone que los proveedores respondieran por el diseño, la calidad de los datos, las actualizaciones y las fallas del sistema de IA, mientras que las IPS asumirían responsabilidades por la selección de las herramientas, su integración técnica y su vigilancia institucional.
En el caso del médico o trabajador de la salud tratante, se prevé que no respondería por defectos ocultos de fábrica, errores algorítmicos o fallas técnicas que razonablemente no pudiera detectar, respondiendo únicamente si utiliza el sistema de forma manifiestamente contraria a los estándares o a las indicaciones autorizadas. Esto protege al profesional en casos en que el sistema falle sin que lo pudiese haber previsto.
Un debate que apenas comienza
Aunque el proyecto aún debe surtir el trámite legislativo y no representa una obligación legal vigente, su presentación marca un paso importante en la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial en el sistema de salud colombiano.
Para el talento humano en salud, el debate gira alrededor de un principio fundamental: aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica sin perder de vista la autonomía profesional, la seguridad del paciente y la dimensión humana que caracteriza la atención en salud.
Desde Fepasde continuaremos atentos al desarrollo de esta iniciativa y a sus posibles implicaciones para el talento humano en salud, promoviendo espacios de información y análisis sobre los cambios que impactan el ejercicio profesional y la prestación de los servicios de salud.
