El Proyecto de Ley 056 de 2019 por medio del cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas persigue, entre otras disposiciones, que en un término de cinco años aquellos médicos que ejercen una especialidad sin título puedan acreditar sus estudios o títulos académicos, lo cual pondría en riesgo la seguridad del paciente.
De ser acreditados estos estudios los pacientes podrían ser atendidos por profesionales que no cuenten con la idoneidad y competencia que les brinda la realización de estudios formales, lo anterior representaría incentivar las malas prácticas médicas, poniendo en grave riesgo la seguridad de los pacientes. Así lo afirmó Ricardo Barona Betancourt, abogado y especialista en derecho laboral, quien además agregó que acreditar a un médico sin los estudios correspondientes sería motivar a que se ejerzan algunas especialidades médicas sin la idoneidad y competencia pertinente.
Un ejemplo de lo anterior, han sido los falsos médicos en el país y aquellos que mediante “cursos exprés” han certificado su capacidad de intervenir pacientes, generándoles daños irreparables e incluso la muerte.
El proyecto de ley que se encuentra radicado en Cámara de Representantes y está pendiente de ponencia en primer debate ha inquietado a los gremios médicos, además, porque busca regular atributos de calidad en salud como la pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad de las especialidades médicas y quirúrgicas; particularidades que ya se encuentran reguladas por otras normativas.
De otro lado, el proyecto persigue que el Ministerio de Educación ordene a las instituciones de educación superior que en los programas de especialización en salud se dispongan de los cupos académicos suficientes para cubrir la demanda del personal médico conforme a las necesidades de cobertura y calidad; siendo este precepto uno de los más preocupantes de la ley debido que para ofrecer más cupos académicos, es necesario partir de un estudio confiable de la demanda de especialistas conforme a las necesidades de cobertura y calidad, estudio con el que no se cuenta actualmente en Colombia además que es un tema de autonomía universitaria contrario a esto lo que si debe regular el Gobierno son los incentivos para que los especialistas acudan a plazas en zonas dispersas en el territorio colombiano.
“Son las universidades quienes de acuerdo con sus propias capacidades, disponibilidad de docencia, disponibilidad de estudiantes, costos y demás deben determinar o no si pueden ofrecer esos programas. El Gobierno Nacional debe ser respetuoso y no exigirle a las instituciones de educación que abran más cupos en programas que pueda que no funcionen” afirmó el jurista.
Finalmente las especialidades médicas en Colombia sí requieren regulaciones en algunos aspectos específicos, entre ellos los relacionados con el registro médico, los escalafones asistenciales en el sector público, medidas administrativas relacionadas con el ejercicio ilegal, temas que al ser regulados podrían representar un gran paso para la mejora en la prestación de los servicios de salud, agregó Barona.
