Ante el creciente volumen de pacientes con medicamentos, tratamientos y procedimientos pendientes, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Choque en Salud, una estrategia temporal que buscará destrabar la atención de más de un millón de usuarios entre septiembre y diciembre de 2026. La medida representa uno de los esfuerzos más amplios de intervención operativa en los últimos años y tendrá un impacto directo sobre el trabajo del talento humano en salud y la capacidad de respuesta de la red asistencial.
El anuncio fue realizado el 21 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó que el Ministerio de Salud y Protección Social liderará esta intervención extraordinaria para atender el rezago acumulado en la prestación de servicios. La decisión responde a la compleja situación evidenciada por la Superintendencia Nacional de Salud, que entre enero y julio de 2026 recibió más de 1,2 millones de reclamos relacionados con el sistema, de los cuales el 92 % estuvieron asociados a dificultades de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Tras el cruce de información entre aseguradores y entidades del sector, el Gobierno identificó 1.069.196 pacientes con atenciones pendientes, incluyendo más de 700.000 personas que esperan la entrega de medicamentos y más de 300.000 usuarios que requieren procedimientos especializados. Según el Ejecutivo, el propósito de esta primera fase no es sustituir las obligaciones permanentes de las EPS, sino garantizar una respuesta inmediata para evitar interrupciones terapéuticas, deterioro clínico y desenlaces adversos en pacientes con condiciones de alta complejidad.
Prioridad para pacientes de mayor riesgo
Uno de los elementos centrales del plan será la focalización de recursos y capacidades asistenciales en los casos de mayor vulnerabilidad clínica. Para ello, el Ministerio definió criterios de priorización que incluyen:
· Pacientes con patologías que comprometen la vida o cuya demora pueda generar pérdida irreversible de respuesta terapéutica, entre ellos personas con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, pacientes trasplantados, enfermedades neurodegenerativas y diabetes insulinodependiente.
· Usuarios con alta probabilidad de hospitalización, como aquellos diagnosticados con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica.
· Mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas o trastornos de salud mental que presenten riesgo de descompensación progresiva.
Para el talento humano en salud, esta priorización implica un papel fundamental en los procesos de identificación de riesgos, seguimiento clínico y continuidad de la atención. Equipos médicos, de enfermería, farmacéuticos y profesionales de apoyo deberán fortalecer los mecanismos de gestión de casos para garantizar que las intervenciones lleguen a quienes enfrentan mayores consecuencias por las demoras acumuladas
Recursos para fortalecer la capacidad de respuesta
Además del componente asistencial, el Gobierno anunció un mecanismo financiero extraordinario destinado a mejorar el flujo de recursos hacia los prestadores y proveedores de tecnologías en salud.
Entre las medidas previstas se encuentran:
· La implementación de una compra extraordinaria de cartera dirigida a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, con tasa de interés del 0 % y un año de período de gracia.
· La destinación exclusiva de los recursos para el pago de servicios y tecnologías asociados a los casos priorizados dentro del plan.
· La prohibición de reconocer servicios previamente pagados o generar dobles desembolsos, con el fin de garantizar una utilización eficiente de los recursos.
Desde la perspectiva de gestión del talento humano, estas medidas buscan contribuir a la estabilidad operativa de hospitales, clínicas, IPS y dispensadores de medicamentos, favoreciendo condiciones que permitan ampliar la capacidad de atención y responder al incremento esperado de actividades asistenciales derivadas del plan.
Seguimiento para garantizar resultados efectivo
Con el fin de verificar que las acciones se traduzcan en atención real para los pacientes, el Gobierno anunció la creación de una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Esta instancia realizará seguimiento a la reducción de casos represados, la ejecución de procedimientos y la entrega efectiva de medicamentos y tecnologías.
Adicionalmente, la Superintendencia liderará mesas territoriales de seguimiento para vigilar el cumplimiento de las EPS y gestionar situaciones que no sean resueltas durante esta primera etapa.
Un reto que involucra a toda la red de atención
Más allá del componente financiero y administrativo, el éxito del Plan de Choque dependerá en gran medida de la capacidad de articulación entre aseguradores, prestadores y talento humano en salud. La gestión oportuna de citas, procedimientos, tratamientos y entregas de medicamentos exigirá esfuerzos coordinados para responder a una demanda represada sin descuidar la atención habitual de la población.
Desde Fepasde continuaremos realizando seguimiento a la implementación de esta estrategia y a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias, evaluando su impacto sobre la atención de los pacientes y sobre las condiciones en las que el talento humano en salud desarrolla su labor en los diferentes niveles de atención del país.
