Desde Fepasde manifestamos nuestra preocupación frente a los recientes Proyectos de Resolución publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social relacionados con la regulación de la presentación de la Factura Electrónica de Venta (FEV) ante los pagadores del sistema de salud.
Riesgos en los nuevos mecanismos de validación
Si bien reconocemos que estas iniciativas buscan fortalecer la celeridad y la trazabilidad en los procesos de facturación electrónica y su articulación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), advertimos que las medidas propuestas podrían generar impactos negativos para los prestadores de servicios de salud, especialmente para los profesionales independientes.
Nuestra principal preocupación radica en la imposición de mecanismos de validación previa de las facturas emitidas. La Resolución 2275 de 2023 ya exigía una validación previa por parte de la DIAN para que la factura pueda entenderse como radicada, y ahora con la reciente expedición de la Resolución 948 de 2026 el Ministerio confirma la intención de mantener este requisito. En la práctica, esto se convierte en una auditoría previa que impide el envío simultáneo de la factura tanto a la DIAN como a las entidades pagadoras.
Este tipo de procedimientos no están permitidos por la legislación colombiana, teniendo en cuenta que la Ley 1438 de 2011 prohíbe la realización de auditorías previas en los procesos de facturación del sector salud.
A raíz de la nueva norma expedida, levantamos alarma por la negativa de estudiar el marco legal de la facturación en salud, desde Fepasde pusimos en conocimiento al Ministerio de esta situación en varias oportunidades con el fin de que pudiesen eliminar este vacío legal en posteriores normas, pero la advertencia fue omitida.
Aún existen otros proyectos normativos que pretenden regular los procesos de Facturación Electrónica de Venta, por lo cual insistimos al Ministerio de Salud que revisen los procesos que conforman auditorías previas a la facturación en salud de modo que puedan evitar la imposición de estas cargas excesivas que no permiten el correcto flujo de información y recursos.
Observaciones presentadas por Fepasde
Desde Fepasde presentamos comentarios formales a los proyectos normativos para que el Ministerio tenga en cuenta las dificultades que estas medidas podrían ocasionar y adopte acciones que eviten retrasos y obstáculos en el flujo de recursos del sistema de salud.
Reiteramos nuestro respaldo al fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento dentro del sistema; sin embargo, insistimos en que estas acciones no deben traducirse en barreras administrativas injustificadas ni afectar el pago oportuno a los prestadores.
En consecuencia, proponemos que los controles se concentren en etapas posteriores a la radicación de las facturas, apoyándose en herramientas modernas de seguimiento, trazabilidad y análisis de información.
En particular, consideramos pertinente avanzar en las siguientes medidas:
- Fortalecer la calidad, oportunidad y transparencia de la información reportada en RIPS, como herramienta de control eficiente por parte del Estado.
- Desarrollar sistemas interoperables y automatizados que garanticen la trazabilidad del proceso de facturación sin duplicar validaciones ni generar demoras innecesarias.
- Incorporar mecanismos de contingencia ante fallas tecnológicas, que eviten la pérdida de plazos o la imposibilidad de radicación de las facturas por causas ajenas a los prestadores de servicios de salud.
- Adoptar medidas diferenciales que eviten cargas desproporcionadas para profesionales independientes y pequeños prestadores, garantizando su permanencia en el sistema.
Instamos al Ministerio a que revise de cerca las observaciones presentadas de modo que la modificación del marco legal de la facturación en el sector salud se ajuste a las normas legales que la regulan y genere un marco que represente un verdadero avance en el seguimiento y el flujo de recursos del sector salud.
Desde Fepasde hacemos un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social a actuar con prudencia y conforme a la Ley para avanzar en la construcción de una normativa equilibrada, que beneficie a todos los actores del sistema de salud, no continúe generando barreras de acceso a recursos para los prestadores de servicios de salud, y garantice un flujo eficiente de recursos para la atención de los pacientes.
